“Aquí se roba agua”. Así se llama el estudio que WWF ha sacado adelante tras año y medio de investigación sobre los acuíferos de nuestro país. La conclusión: más de 80.000 hectáreas de cultivo repartidas en seis importantes acuíferos se riegan con agua extraída con “claros indicios de ilegalidad”. Y las consecuencias las pagamos todos.
El mapa del robo. La investigación, con datos oficiales de 2023 y 2024 sobre parcelas con derechos de riego, señala el Alto Guadiana (Ciudad Real), Almonte-Marismas (Huelva, el que alimenta a Doñana), Los Arenales (Castilla y León), Baza (Granada), Campo de Cartagena (Murcia, junto al Mar Menor) y una zona del sureste que cruza Albacete, Alicante y Almería, esta última analizada junto a la organización ANSE.
Las seis comparten el patrón: el salto de un secano tradicional a una agricultura industrializada de regadío superintensivo, esa de aspersores lloviendo como si el agua fuera eterna. “No son ejemplos aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado”, resume Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF, que habla de un delito ambiental “extendido e impune”.
El epicentro está en La Mancha. Ninguna zona sale peor parada que el acuífero de la Mancha Occidental, el que debería alimentar las Tablas de Daimiel: más de 39.000 hectáreas (un 22% de toda la superficie regada) usan agua con indicios claros de ilegalidad, unos 69 hectómetros cúbicos al año. La sobreexplotación real es mayor: se estaría extrayendo un 86% más de lo permitido por el Plan Hidrológico del Guadiana.
El parque, mientras tanto, sobrevive más de las lluvias superficiales que del acuífero: a 1 de septiembre de 2026 mantenía 523 hectáreas inundadas, el 30,16% de su superficie, tras un invierno extraordinariamente húmedo que, aun así, apenas logró recuperar el nivel piezométrico de las masas subterráneas centrales.
¿Cuánta agua hay en España? A día de hoy, la reserva hídrica española se sitúa en el 60,3% de su capacidad —33.801 de los 56.043 hm³ totales—, según la última actualización del Boletín Hidrológico del Miteco, del pasado 22 de septiembre, tras un descenso semanal de 669 hm³ típico de estas fechas. El dato invita más al alivio que a la alarma: supera en 2.487 hm³ lo almacenado hace un año y en casi 8.400 hm³ la media de la última década para estas fechas.
El problema lo encontramos si miramos por regiones: la vertiente atlántica está al 63% y solo el Ebro baja del 50% (47,9%) entre las grandes cuencas, mientras el resto respira mejor (Guadalquivir al 70,3%, cuencas internas de Cataluña al 74,4%) e incluso el Segura ha pasado de unos críticos 206 hm³ hace un año a 589 hm³ ahora (51,7%). De cara a lo que viene, la predicción estacional de AEMET para octubre-noviembre apunta a un trimestre más cálido de lo normal (60-70% de probabilidad), pero también más lluvioso.
Doñana mejora. En el acuífero Almonte-Marismas, WWF calcula unas 3.300 hectáreas regadas de forma irregular y 13,34 hm³ extraídos ilegalmente. La cifra ha bajado respecto a 2024 gracias a un control más estricto y remite el cultivo ilegal bajo plástico en La Rocina, aunque ese hueco lo está llenando ahora el olivar superintensivo.
Sin embargo, la Unesco advirtió en la 48ª sesión de su Comité de Patrimonio Mundial en Corea del Sur que Doñana podría entrar en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro si no revierte “rápida y eficazmente” el deterioro de su acuífero. Y eso que han cerrado 1.214 pozos desde 2019. España tiene hasta el 1 de febrero de 2027 para presentar nuevo informe.
La casa de Alba. WWF pone especial atención al reciente sobreseimiento de los pozos de la Casa de Alba en Aznalcázar (Sevilla): a principios de septiembre, el juez archivó la investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente al concluir que las diligencias “generan importantes dudas” sobre el daño al acuífero, después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir legalizara en mayo los pozos investigados.
Días después, Ecologistas en Acción recurrió. Hay otro precedente: los hermanos Campos Peña, dueños de una finca en el mismo municipio, fueron los primeros condenados a prisión por robar agua a Doñana. Habían sustraído 19,4 millones de metros cúbicos entre 2008 y 2013. La Audiencia de Sevilla les rebajó la pena en apelación de tres años y cinco meses a un año y medio. Estos terratenientes se embolsaron 420.000 euros de la PAC entre 2021 y 2022.
El mal menor. La zona donde el plan sí está dando resultado es el Mar Menor: la superficie con indicios de riego ilegal en el Campo de Cartagena ha caído de 11.000 hectáreas en 2019 a 3.271 en 2024. Un 65% menos. Parece que empieza a notarse esa combinación de la Ley del Mar Menor de 2020, el Marco de Actuaciones Prioritarias del MITECO desde 2022 más, este mismo mes, el visto bueno ambiental a los dos primeros “filtros verdes” del Cinturón Verde. Estos filtros son capaces de eliminar hasta el 97,5% de los nitratos de la laguna.
Dos historias opuestas. En Los Arenales, entre Segovia, Valladolid y Ávila, la superficie sospechosa bajó de 17.000 a 16.481 hectáreas entre 2019 y 2023 gracias a acuerdos entre la Confederación del Duero y las comunidades de usuarios, aunque la masa de Tierra del Vino sigue 26 metros por debajo de su nivel habitual. En Baza (Granada), más de 4.000 hectáreas, un 62% del regadío de la comarca, estarían usando agua robada, y el acuífero de Sierra de las Estancias podría soportar una presión equivalente al 208% de su capacidad, con manantiales ya secos.
Y el que va a peor. En la zona sureste, repartida entre Albacete, Alicante y Almería, hay unas 15.230 hectáreas con indicios claros de ilegalidad, con un crecimiento “insostenible” liderado por la zona de Albacete, justo cuando el resto de focos, salvo Baza, empieza a mejorar. WWF pide ahora más medios técnicos y jurídicos para las confederaciones hidrográficas, más teledetección y contadores, y coordinación real entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, justo cuando se redacta la nueva planificación hidrológica para un escenario con menos agua disponible.
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