Una ola de activistas feministas encara la amenaza que pone en jaque el aborto libre en Puerto Rico, tras la reciente decisión de la gobernadora, Jenniffer González, de convertir en ley una medida que reconoce al no nacido como persona natural.
Alondra del Mar Hernández, abogada afrofeminista y miembro de la organización Aborto Libre Puerto Rico, indicó a EFE que “esto va a ser una herramienta de manipulación que las personas, los hombres particularmente, van a estar utilizando en contra de las mujeres”.
Hernández ve un indicio de “criminalización” en la nueva ley, que busca enmendar el Código Civil de Puerto Rico para clarificar que el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en junio de 2022 la histórica sentencia conocida como ‘Roe contra Wade’, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, se han presentado numerosos proyectos de ley en Puerto Rico para limitar el aborto, pero todos han fracasado.
La diferencia, según alegan los expertos, es que bajo la Constitución federal el aborto no es un derecho fundamental, pero en Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE. UU., está protegido por el derecho constitucional a la intimidad.

