El Poder Ejecutivo introdujo observaciones a la legislación que modifica la Ley 225-20 sobre residuos sólidos, con el propósito de ordenar la transición del país hacia materiales sostenibles y establecer controles rigurosos para el uso del poliestireno expandido (foam) y otros plásticos de un solo uso.
La medida aclara que no se prohíbe el foam, pero sí se condiciona estrictamente su producción, importación, comercialización y uso a que sea biodegradable y con certificación oficial verificable.
Enfoque técnico
El enfoque del Gobierno es técnico: crear un esquema de control que permita distinguir los productos realmente biodegradables de aquellos que solo lo proclaman sin respaldo científico.
Para ello, las observaciones incorporan mecanismos de certificación basados en estándares reconocidos, auditorías periódicas y verificación en aduanas y laboratorios acreditados.
Entre los cambios esenciales se dispone que fabricantes e importadores deberán someterse a una auditoría anual a fin de comprobar el uso de aditivos biodegradables.