El reciente arresto del exregidor Francisco Alberto Paulino Castro, conocido como “Francis o el Compadre”, por su presunta participación en una red de lavado de activos, incrementa la creciente lista de dirigentes, militantes o funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) vinculados al narcotráfico.
Paulino Castro fue electo regidor en las elecciones municipales de 2020 y llegó a presidir el Concejo de Regidores de Boca Chica. Sin embargo, el pasado jueves se informó que el Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) lo detuvieron, en un operativo junto a otras 15 personas —entre ellas empleados del puerto Multimodal Caucedo— por sus presuntos lazos con el narcotráfico.
Mientras en el PRM siguen cayendo miembros bajo estas circunstancias, la organización política mantiene su posición de que no existe impunidad para sus afiliados que han sido o están siendo vinculados al crimen organizado.
El vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, reiteró el viernes que toda persona que viole la ley debe responder ante la justicia, sin importar el partido al que pertenezca.
“Todo aquel que transgrede la norma está obligado a pagar por ello. Que se cumpla el debido proceso y que responda por sus hechos, de ser culpable. Si es inocente o culpable, que lo determine la justicia, pero siempre será lo mismo: todo aquel que transgrede la norma está obligado a pagar por ello”, afirmó.
En esta misma semana del arresto de Paulino Castro, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, sostuvo durante un Diálogo Libre de este periódico que el Gobierno mantiene un enfoque de “impunidad cero” frente a la influencia del narcotráfico en la vida política nacional.
“Si mañana surgiera otra persona vinculada a nuestra organización o a cualquier área del quehacer social asociada al narcotráfico, ya sabe cuál es la suerte que le corresponderá: la de la justicia; y, si tiene vínculos con el exterior, su extradición”, remarcó Paliza.
El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Alcibíades Tavares, señaló la necesidad de que los partidos políticos, en especial el gobernante, implementen mayores filtros para alejar a los “criminales” de la cosa pública.
“En el caso del PRM, ha sido algo catastrófico y descomunal porque son decenas y decenas que cada día salen que están involucrados con el narcotráfico”, aseveró.
Hace un par de semanas, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también advirtió sobre la gravedad del problema y pidió al oficialismo romper vínculos con la llamada “narcopolítica”.
Condenados o en proceso de extradición
Algunos políticos del PRM han sido condenados o enfrentan procesos judiciales por narcotráfico.
Miguel Gutiérrez Díaz, exdiputado por Santiago, fue arrestado en 2021 al llegar a Miami y posteriormente acusado de conspirar para distribuir cocaína hacia Estados Unidos. Tras un acuerdo con la fiscalía norteamericana, se declaró culpable y fue condenado en abril de 2024 a 16 años de prisión.
Otra figura política condenada es Rosa Amalia Pilarte, exdiputada por La Vega, hallada culpable en el país de lavar más de 4,400 millones de pesos provenientes del narcotráfico, fondos que ingresaron al sistema financiero nacional. Fue sentenciada por la Suprema Corte de Justicia a cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago; al pago de 200 salarios mínimos y a las costas procesales.
Su caso está vinculado a la red presuntamente liderada por su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), en la que también participaban sus hijos y otros acusados declarados en rebeldía. En abril de este año, el Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de La Vega dictó la extinción de la acción penal en el caso contra el empresario Miguel Arturo López Florencio, conocido como “Micky”, y varios miembros de su familia.