La comisión permanente de Salud de la Cámara de Diputados estudia actualmente el proyecto de ley de parto humanizado, una iniciativa que busca sancionar penalmente al personal médico que incurra en lo que se define como violencia obstétrica, incluyendo la práctica de cesáreas sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, aun cuando existan condiciones para un parto natural.
De acuerdo con la propuesta depositada por el diputado Wandy Batista, toda intervención médica que altere el proceso natural del parto sin justificación médica o sin consentimiento de la paciente podrá ser considerada como un acto de violencia gineco-obstétrica, un delito que sería sancionado con penas de entre cinco y diez años de prisión conforme al artículo 309-3 del Código Penal.
El proyecto, en su artículo tercero, reconoce el derecho al parto natural respetando el tiempo y proceso biológico, y dispone que se eviten “prácticas invasivas o el uso de medicación cuando no estén debidamente justificadas”.
Sin embargo, aclara que este derecho “jamás podrá ser ejercido de manera tal que ponga en riesgo la salud y vida de la madre y del que está por nacer”.
La iniciativa también establece el derecho de la mujer a ser informada sobre los beneficios y riesgos de cualquier tratamiento, para poder aceptarlo o rechazarlo expresamente.
La falta de información o la imposición de procedimientos médicos sin consentimiento, como una cesárea innecesaria, se consideraría una “violación grave” a este derecho.