La Cámara de Diputados se encamina a realizar en menos de tres semanas una compleja reforma al Código Procesal Penal, conminada por el plazo que impuso el Tribunal Constitucional cuando anuló la ley por errores en su contenido y que vence alrededor del 11 de diciembre.
El encargado de la Comisión Permanente de Justicia, Wandy Batista, explicó ayer que los diputados no tienen margen para deliberar sobre tiempos políticos o conveniencias institucionales, sino únicamente cumplir con el plazo del Tribunal Constitucional, aunque estén presionados con el tiempo.
En caso de que la aprobación de los diputados no ocurra antes del 11 de diciembre, el país estaría rigiéndose por el viejo Código Procesal Penal que se promulgó en el año 2002 y que no contiene los avances de la ley del 2015 como las garantías procesales o los derechos de los imputados.
En la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en diciembre del 2024, la alta corte dispuso que, si el Congreso no hace una nueva ley del Código Procesal Penal antes del 11 de diciembre de este año, la actual saldría del sistema jurídico, lo que provocaría que el sistema de justicia se rija por una vieja ley promulgada hace 23 años.
Esto implica que el sistema jurídico del país retrocedería en aspectos como los derechos procesales, los plazos, los roles, los derechos de las víctimas, la interpretación extensiva, el ajuste de los plazos para la prisión preventiva y justificaciones más fortalecidas de los jueces a la hora de imponer medidas de coerción.