Por la Redacción.- Ramón Benito Suárez
El reciente desenlace del caso Senasa, que muchos hemos seguido a través de las noticias publicadas en los medios de prensa , evoca una analogía recurrente: la observación de una película o serie, quizás directamente comparable a las narrativas dramáticas que ofrece el “cine” contemporáneo.
La conclusión judicial, con penas de un año y seis meses de prisión impuestas a los acusados – algunas cumplidas en centros como Najayo y otras en la modalidad de arresto domiciliario – resulta, para muchos, un reflejo doloroso de las disparidades en nuestro sistema de justicia.
Es innegable la sensación de injusticia que surge cuando se contrastan estos resultados con la percepción generalizada de cómo se manejan los casos de corrupción en gran escala en la República Dominicana.
Parece que quienes desfalcan millones del Erario Público, afectando servicios vitales y el bienestar colectivo, a menudo son tratados con una indulgencia que no se corresponde con la gravedad de sus actos.
La aplicación de lo que comúnmente se denomina un trato de ‘paños tibios’ genera un profundo escepticismo y desconfianza sobre la equidad del proceso judicial.
Por el contrario, observamos con frecuencia cómo los ciudadanos de escasos recursos, involucrados en delitos menores – como el hurto de un conejo para subsistir – enfrentan un escrutinio público implacable y penas severas.
El ridículo social y la estigmatización se magnifican, culminando en sentencias que los confinan en condiciones carcelarias de extrema dureza, a menudo descritas como ‘cárceles de la muerte’.
Esta dualidad en la aplicación de la ley es profundamente preocupante, pues mina la fe en la imparcialidad y la efectividad del sistema judicial.
En el caso Senasa, la gravedad no reside únicamente en el robo, sino en el modus operandi empleado para desfalcar una institución gubernamental crucial, diseñada para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población.
Los responsables de un fraude millonario, que además comprometió la integridad de un servicio esencial, merecerían, por la magnitud de su delito y su impacto social, ser condenados con una severidad que claramente trascienda la de un ladrón común.
La justicia, para ser verdaderamente tal, debe exhibir coherencia, proporcionalidad y un compromiso firme en la persecución de toda forma de corrupción, sin importar la cuantía del desfalco o la posición de los perpetradores.