Ni la corrupción. Ni el paro. Ni la sanidad. Para sorpresa de nadie (al menos si tenemos en cuenta el CIS), lo que ha puesto patas arriba el calendario político español es la crisis residencial. El desahucio de Maricarmen y la presión de los acampados en Madrid obligaron al Gobierno a presentar a comienzos de octubre dos decretos exprés sobre vivienda que, al no recibir el respaldo del Congreso, llevaron a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones al 29-N. No fue el único movimiento del Ejecutivo. Hace unas semanas aprobó dos nuevos decretos similares (ambos ya publicados en el BOE) que intentan aprovechar el arreón final de la legislatura.
Entre ellos se incluye una medida importante para los inquilinos: una ampliación del plazo con el que los caseros deben avisarles de que no renovarán su contrato de alquiler.
¿Qué ha pasado? Que el Gobierno quiere activar una serie de “medidas urgentes” que, de salir adelante, conllevarán cambios de calado en el mercado residencial español. Lo intentó primero con dos decretos exprés que se estrellaron en el Congreso el viernes 2 de octubre, al recibir el voto en contra de Junts (llave para su convalidación, al oponerse también PP y Vox). Y volvió a intentarlo días después, el 6, al aprobar en el Consejo de Ministros dos decretos-ley con “medidas urgentes” también enfocadas en la vivienda.
¿Qué pasó entremedias? ¿Por qué cree el Ejecutivo que ese segundo intento tiene más posibilidades que el primero? Porque entremedias Pedro Sánchez convocó un adelanto electoral que obligó a disolver las Cortes Generales. En la práctica, eso significa que los nuevos decretos deberán convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso, un órgano en el que el apoyo de Junts ya no resulta esencial.
¿Qué plantean esos decretos? Al igual que hizo a comienzos de octubre, en su primer intento falluto, el Gobierno ha optado por dividir sus propuestas en dos decretos. Ambos se publicaron en el BOE el 7 de octubre. El primero busca, en palabras de la Moncloa, “garantizar la función social de la vivienda” mediante una serie de medidas pensadas para “reforzar” su accesibilidad y “limitar las prácticas especulativas”. El segundo se centra en el mercado del alquiler y aspira a “garantizar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual”, una de las principales exigencias de los acampados en Puerta del Sol.
¿Cómo quiere hacerlo? Básicamente, con tres medidas. La primera es una prórroga indefinida de los alquileres. Una vez se cumplan los cinco años del contrato (siete, si quien arrienda es una sociedad o empresa), este “se prorrogará por plazos sucesivos de la misma duración, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su voluntad” de no hacerlo.
Cuando eso ocurra, el casero deberá tener en cuenta que disolver el acuerdo no le saldrá gratis. Como explican desde Moncloa, “el arrendador que comunique su voluntad de no prorrogar el contrato deberá indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente, al menos, al importe de 12 mensualidades de renta de una vivienda de análogas características a la arrendada”. El decreto aclara cómo deberá hacerse el cálculo, aunque también precisa una serie de casos en los que no se aplicarán indemnizaciones. Por ejemplo, si el casero necesita el piso para un familiar.
¿Y la tercera medida? Es una de las que más interés han despertado. En su empeño por garantizar la “estabilidad” de las familias que viven de alquiler, el Gobierno quiere que sepan con más antelación cuándo deberán buscar una nueva vivienda. ¿Cómo? Ampliando el plazo mínimo con el que los caseros deben comunicarles su decisión de no renovarles el contrato. Hasta ahora ese período era de cuatro meses. Si el nuevo real decreto-ley sale adelante, serán seis. Esa ampliación se aplica únicamente a los caseros. Los inquilinos siguen obligados a avisar con la misma antelación a sus caseros (dos meses) que no renovarán el contrato.
“Llegado el vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas […], el contrato se prorrogará por plazos sucesivos de la misma duración, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su voluntad de no prorrogarlo”, precisa la norma, recogida en el BOE. “El plazo de preaviso del arrendador se eleva de cuatro a seis meses, lo que permite al arrendatario planificar con antelación suficiente su cambio de vivienda. El del arrendatario se mantiene en dos. La continuidad del contrato pasa a ser la regla y su extinción, una decisión expresa del arrendador que ha de adoptarse en momentos determinados y antelación bastante”.
¿Cuándo se aplicará esa norma? Esa es la clave. Los dos decretos exprés que se estrellaron en el Congreso a comienzos de octubre y precipitaron el adelanto electoral partían con opciones muy distintas de salir adelante. Aunque al final Junts decidió tumbar ambos, el primero despertaba más consenso que el segundo. Ahora ocurre lo mismo. El primer decreto aprobado por el Consejo de Ministros el día 6, el que quiere “garantizar la función social de la vivienda”, ya está en vigor. Con el segundo, las cosas son distintas.
La normativa centrada en el mercado del alquiler también se ha publicado en el BOE, pero en sus páginas se aclara que no entrará en vigor hasta el domingo 15 de noviembre, poco después del inicio oficial de la campaña electoral. La realidad es que no hay garantía de que vaya a ser así. Al igual que el primer decreto, tendrá que pasar por la Diputación Permanente del Congreso. Una vez allí, el panorama al que se enfrentarán ambas propuestas será distinto.
Y eso, ¿por qué? Porque aunque el apoyo de Junts deja de ser fundamental, el Gobierno necesita reunir apoyos suficientes para sacar adelante sus decretos. Todo indica que el PNV apoyará la primera norma en la Diputación Permanente, pero la segunda lo tendrá más complicado. La formación vasca ya ha avanzado que no respaldará la segunda norma, la que contempla la prórroga indefinida de los alquileres. Exactamente igual que hizo en su día en la Cámara Baja.
Si se confirma su voto contrario, las cuentas no le saldrán al Gobierno para validar el segundo decreto. Es un detalle importante porque complica que la norma vaya a pasar realmente del papel, sobre todo si tenemos en cuenta que en teorías los decretos se votarán hacia el 12 de noviembre, in extremis, casi en el alero del plazo del que dispone la Diputación Permanente para dar luz verde a los decretos.
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