En los últimos seis años, diez jueces han sido destituidos por faltas graves en sus funciones en juicios disciplinarios y sus expedientes, según el Poder Judicial, han sido remitidos al Ministerio Público. Sin embargo, ninguno de esos magistrados ha sido sometido a un proceso penal.
Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, expresó su frustración por el hecho de que no haya habido una respuesta del órgano persecutor, que es al que le corresponde iniciar un proceso en los tribunales ordinarios contra los magistrados luego de notificársele las decisiones de las desvinculaciones.
Explicó que los juicios disciplinarios del Consejo del Poder Judicial “pueden tener elementos penales”, los cuales deberían motivar una investigación por parte del Ministerio Público.
“Muchas veces se toma una decisión disciplinaria y se le comunica al Ministerio Público para que haga la investigación y después no pasa nada. Y eso también a uno lo frustra”
Luis Henry Molina
Presidente de la SCJ
Los jueces destituidos por faltas graves
Los diez jueces destituidos en los últimos seis años son Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, presidente y miembro, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.
También Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; Yohan Carlos Morales Peguero, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia; Gregorio Antonio Rivas Espaillat, de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y Juan Miguel Pérez Gómez, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Valverde Mao.