Los subsidios a los combustibles y al sector eléctrico requieren una revisión que permita hacerlos más focalizados, sostenibles y eficientes, ante el creciente impacto que representan sobre las finanzas públicas y el presupuesto nacional.
Así lo explicó Henri Hebrard, editorialista y asesor económico, durante su participación en el panel “Energía después del shock: costos, resiliencia y adaptación empresarial”, celebrado en el marco del foro “Visión de Negocios 2026: Después del shock: riesgos, reacomodos y oportunidades”, organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).
Hebrard sostuvo que la energía es un factor esencial para el crecimiento económico y la competitividad, al señalar que “la economía es energía transformada”, por lo que el acceso a energía suficiente y a costos adecuados resulta determinante para el desarrollo de los países.
Indicó que República Dominicana enfrenta un desafío importante debido al comportamiento de los precios energéticos internacionales y recordó que desde marzo de 2022 el país ha mantenido un mecanismo de subsidio a los combustibles para transporte que ha amortiguado el impacto de las alzas sobre los consumidores.
Sin embargo, advirtió que esos subsidios tienen un costo significativo para las finanzas públicas. Explicó que de los RD$280,000 millones de déficit contemplados en el presupuesto, equivalentes a aproximadamente 3.2% del producto interno bruto (PIB), una parte importante corresponde a transferencias destinadas a cubrir pérdidas del sector eléctrico y subsidios a los combustibles.
Precisó que el presupuesto contempla alrededor de RD$85,000 millones para cubrir las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y entre RD$12,000 millones y RD$13,000 millones para subsidiar los combustibles.
No obstante, sostuvo que, si las condiciones actuales del mercado energético internacional se mantienen, los recursos destinados al subsidio de los combustibles podrían aumentar hasta situarse entre RD$60,000 millones y RD$65,000 millones, lo que representaría aproximadamente RD$50,000 millones adicionales respecto a lo presupuestado.
Asimismo, estimó que las transferencias al sector eléctrico podrían elevarse desde los RD$85,000 millones previstos inicialmente hasta un rango de entre RD$120,000 millones y RD$125,000 millones.
“Estamos hablando de cerca de RD$90,000 millones adicionales entre ambos componentes”, indicó al referirse al impacto potencial de las presiones energéticas sobre las cuentas públicas. Ante este escenario, consideró que los subsidios no son necesariamente buenos o malos, sino que su efectividad depende de cómo sean diseñados y administrados.
En ese sentido, afirmó que un subsidio eficiente debe cumplir cuatro condiciones fundamentales: estar correctamente focalizado, tener una duración limitada en el tiempo, estar condicionado a determinados objetivos o comportamientos y contar con una administración adecuada.
A su entender, el esquema actual de subsidios a los combustibles requiere avanzar hacia una mayor focalización para garantizar su sostenibilidad en el tiempo, aunque reconoció que este tipo de medidas suele ser más complejo de implementar en la práctica.
El editorialista señaló que la actual coyuntura energética puede convertirse en una oportunidad para introducir reformas que permitan mejorar tanto los subsidios a los combustibles como los mecanismos de apoyo existentes en el sector eléctrico.
Al abordar el tema de los incentivos a las energías renovables, sostuvo que estos deben evolucionar de acuerdo con las nuevas condiciones tecnológicas y del mercado.
Explicó que hace entre 10 y 15 años era necesario incentivar la adquisición de paneles solares debido al elevado costo de la tecnología. Sin embargo, consideró que la significativa reducción de precios registrada en los últimos años ha disminuido la necesidad de mantener los mismos niveles de incentivos.
En cambio, señaló que los sistemas de almacenamiento mediante baterías continúan siendo tecnologías costosas y podrían requerir mayores estímulos para acelerar su desarrollo.
Por ello, planteó la posibilidad de redireccionar parte de los incentivos existentes hacia proyectos de almacenamiento energético y otras soluciones que aporten flexibilidad al sistema eléctrico.
Indicó que esta medida permitiría aprovechar mejor la generación renovable disponible, especialmente en períodos de alta producción, evitando limitaciones para inyectar esa energía al sistema eléctrico nacional.
De igual forma, consideró que resulta necesario fortalecer las señales económicas y los incentivos orientados al almacenamiento de energía, debido a que actualmente existen momentos en los que la generación renovable disponible no puede ser incorporada completamente al sistema.
Al cierre, sostuvo que la revisión de los subsidios y de los incentivos debe orientarse a fortalecer la sostenibilidad fiscal, mejorar la eficiencia del sistema energético y aumentar la resiliencia del sector frente a futuros desafíos.