La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó a República Dominicana y a otros países latinoamericanos entre las economías señaladas por supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso dentro de sus cadenas de suministro, como parte de una investigación que podría derivar en nuevos aranceles comerciales.
La investigación, realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 —el mismo mecanismo utilizado anteriormente contra China— concluyó que 60 economías no han adoptado medidas suficientes para impedir que productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso ingresen al comercio internacional.
Entre los países latinoamericanos señalados figuran República Dominicana, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile.
Como consecuencia, Washington propuso aranceles adicionales de entre 10 % y 12.5 % a importaciones procedentes de esos mercados.