A más de un año y cinco meses de idas y vueltas en el Congreso, la reforma laboral vuelve a colocarse en el centro del debate con el inicio de la nueva legislatura el pasado 27 de febrero.
El proyecto, que comenzó a moverse en octubre de 2024 entre aprobaciones fallidas y falta de consensos, enfrenta ahora una nueva presión para aprobarse en la actual legislatura ya que, en caso de no validarse en ambas cámaras congresuales durante el actual periodo, la iniciativa caducaría otra vez.
La comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, que reúne a los voceros partidarios y al bufete directivo del órgano, estableció ayer que el proyecto para modificar el Código de Trabajo será la prioridad inmediata de los legisladores que, apurados por el tiempo, deberán evitar que la propuesta perima otra vez.
La pieza ya fue aprobada en octubre de 2025 en el Senado y se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados, donde recae actualmente la responsabilidad de decidir su destino bajo las diferencias constantes entre empresarios y sindicalistas, que no logran condensar un acuerdo.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, aseguró el lunes que la reforma “se va a aprobar sin dificultades” en la actual legislatura y sostuvo que la relación entre el sector empresarial y sindical ha sido “un modelo” que históricamente ha dado resultados.